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Lunes, 9 de agosto de 2010, Bolivia - Nacional
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Una ocasión para la eficacia

•  Por: Kattya Cascante

Las recientes medidas adoptadas por el Gobierno español para superar la crisis financiera han supuesto un duro revés. La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) también ha sido víctima del ajuste con un recorte de 300 millones de euros sobre la previsión anual de más de 5.000 millones (0,51% de la renta nacional bruta). Cantidad que, según los informes más recientes de los Planes Anuales de Cooperación, no supera el 13% del presupuesto que, tanto en 2007 como en 2008, quedó sin ejecutar. Es decir, que nuestra capacidad de gasto se adapta bastante bien al recorte económico y, por tanto, este no debería ser el problema.

Sin embargo, el recorte político es mucho más preocupante, sobre todo en cuanto a lo que esto puede significar en términos de calidad. Y es aquí donde encontramos elementos que, al condicionar las decisiones políticas, influyen y mucho sobre el sistema de cooperación. Por un lado, la necesidad de reducir el déficit público puede hacernos volver a un pasado no muy lejano, donde la ayuda era concebida como un instrumento para promover meros intereses nacionales y no la superación de la pobreza y las desigualdades, verdadero objetivo de la cooperación al desarrollo. Si recortar 800 millones de euros (300 durante este año y 500 en 2011) no supone un gran descalabro en cuanto a objetivos, sí lo es en cambio la reducción presupuestaria en el resto de ministerios implicados en la acción exterior.

Estos se verán obligados a buscar los recursos allá donde los haya, utilizando la AOD para fines que, aunque legítimos, restarán recursos y capacidad a ésta, suponiendo un claro retroceso frente a los auténticos propósitos de la cooperación. Y no significa que la acción exterior no cumpla un papel muy relevante y necesario en la construcción de un mundo mejor, el matiz diferenciador se esconde tras los intereses que irían primero: los nuestros.

En la misma línea, para controlar el déficit se asignaría la ayuda bajo nuevos elementos de condicionalidad que pueden ir desde la obligación de contratar empresas españolas para el desarrollo de terceros Estados, hasta la exigencia de vincular aspectos de la política migratoria para regular los flujos sur-norte. Si los créditos ganan terreno a las donaciones, España podría mantener los compromisos adquiridos sin incrementar la carga fiscal, pero esto supone, sin embargo, un mayor endeudamiento para los países con los que coopera.

Por otro lado, la voluntad política que ha acompañado las últimas dos legislaturas ha supuesto transformaciones en el sistema de cooperación que, en pleno proceso, corren un gran riesgo de perder impulso. No sólo se han adquirido compromisos internacionales que nos han elevado al octavo puesto en el ranking de donantes, sino que se han iniciado reformas para la modernización de nuestra política de cooperación (el estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo y la nueva ley que revisa los créditos FAD, entre otras) y que, sin embargo, pueden ser víctimas también del recorte y no llegar a culminarse. En este caso el desastre alcanzaría dimensiones incalculables, ya que todo el esfuerzo por elevar la AOD española a los estándares referidos no habría servido para mejorar su calidad. Y de eso es de lo que se trata en definitiva, de ser eficaz, de garantizar nuestra AOD a través de un sistema de rendición de cuentas adecuado y, sobre todo, más transparente que el actual, donde probablemente 800 millones de euros menos no son un verdadero impedimento para mejorar los resultados, y sí quizás la ocasión de verificarlos.

(*) Responsable del Área de Cooperación al Desarrollo de la Fundación Alternativas

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