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Jueves, 19 de noviembre de 2015
La Patria, Ecol?gico Kiswara
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Editorial

Ser juez y parte

Las autoridades tanto del gobierno central como del departamental hablaron de duras sanciones a las empresas mineras que contaminan el medio ambiente, exigen planes de mitigación y remediación ambiental, las normas son rigurosas, en especial para las privadas, y ¿qué ocurre con las estatales y las cooperativas?

Las mineras asentadas en inmediaciones de la cuenca del lago Poopó contaminan impunemente, no se tienen planes de mitigación ni remediación, atentaron contra la vida de los animales acuáticos que viven en los lagos, pero desde el nivel gubernamental no se dice nada porque las empresas son estatales y no se puede ser juez y parte en este asunto, lo que está ocurriendo en la actualidad con el Gobierno central que administra dichas empresas.

Sin ir lejos, tenemos la mina de estaño de Huanuni, que a lo largo de los años fue echando residuos metálicos al río del mismo nombre, que hoy por hoy está sumamente contaminado, además que hecha sus aguas a los lagos Poopó y Uru Uru, empeorando la situación de ambos acuíferos.

Las cooperativas no aportan en gran medida al Estado, pero son miles de votos que suman a favor del partido de turno, por lo que a este sector de la minería no se le reclama ni exige nada, lo mismo ocurre con la Empresa Minera Huanuni y las demás que dependen de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) el gobierno no presiona para que se ponga en marcha algún proyecto de remediación, y menos mitigación.

Sin embargo, al aplicar sanciones a quienes no cumplan los requisitos que exige una minería responsable, cuando se trata de empresas privadas, especialmente, se atenta contra el derecho, que muchas personas tienen, al trabajo seguro y estable, se fomenta de esa manera el desempleo, cuando Bolivia más bien necesita fuentes de empleo y estabilidad laboral.

Por otra parte, existe un doble discurso por parte del nivel gubernamental cuando se va al exterior en busca de inversiones y luego se atenta contra la seguridad jurídica que poseen por derecho, por lo que numerosas compañías desisten de invertir en Bolivia a causa de las posibles consecuencias, ahuyentando de esa manera a los inversores que no vienen a perjudicar o gastar el dinero del pueblo sino a invertir.

Si se unen estas variables podemos llegar a la conclusión de que los planes y normas relacionadas a la actividad minera, que eviten el daño al medio ambiente, deben ser cumplidos y hacerlos cumplir para que se avance en el tema de la naturaleza, los ecosistemas y otros.

tags: La Patria, Noticias de Bolivia, Periodico, Diario, Newspaper, Ser juez y parte

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