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Sábado, 13 de julio de 2013
LA PATRIA, Bolivia - Nacional
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Procuraduría socializa reglamento de tratamiento de denuncias y reclamos


Waldo Soto, director departamental de Oruro de la Procuraduría
La dirección desconcentrada de la Procuraduría General del Estado (PGE) en Oruro, continúa la socialización de la Ley 064, que norma el desempeño de esta entidad nacional, además del reglamento de tratamiento de denuncias y reclamos, trabajando en esta ocasión con las unidades jurídicas de la administración pública, según informó, el director departamental de la PGE, Waldo Soto Terrazas.

"Las organizaciones sociales, personas particulares, la prensa puede denunciar, sobre aspectos que tengan relación y que afecten los intereses patrimoniales del Estado, por lo que ésta Dirección está con este trabajo al margen de la labor de registro, seguimiento y evaluación a todas las unidades jurídicas de la administración pública" remarcó.

Este trabajo se realiza con las diferentes instituciones interesadas en la labor que desarrolla la procuraduría. Desde enero ya se trabajó con el Tribunal Departamental de Justicia y las organizaciones sociales, para lo que ya se tiene un cronograma anual sobre el trabajo de socialización de la ley y su reglamento.

El reglamento tiene por objeto regular el procedimiento para la atención de las denuncias y reclamos motivados que sean presentados por ciudadanas y ciudadanos, sociedad civil, así como por las entidades que conforman el Control Social, en aquellos casos que se lesionen los intereses del Estado.



ORURO

Al momento en Oruro, se pudo identificar a 96 instituciones, de las que sólo 46 fueron registradas por la PGE, a las que se procede con el seguimiento y evaluación constantes.

En el departamento se sigue la investigación a dos casos que continúan con el procedimiento regular, el primero es la supuesta venta ilegal de un bien inmueble de propiedad del Estado en las calles Vásquez y Santa Cruz, que estaba destinado a la construcción de una escuela fiscal, al momento se revisa la documentación que fue remitida por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gador).

El segundo caso es una denuncia de tráfico de influencias contra la alcaldesa del municipio de Oruro, Ro-ssío Pimentel, que realizaron dos abogados de la ciudad de Cochabamba, aún se continúa con las investigaciones para determinar si existe daño económico al Estado con estos supuestos actos irregulares, informó Soto.

tags: La Patria, Noticias de Bolivia, Periodico, Diario, Newspaper, Procuraduría socializa reglamento de tratamiento de denuncias y reclamos

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