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Lunes, 6 de agosto de 2012
LA PATRIA, Bolivia - Nacional
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Por pago de regalías

Oruro perdería $us 100 millones si no ejecuta proyecto minero de Achachucani


La ciudad de Oruro crece pero con riesgos en su economía
Lo sucedido en las minas de Colquiri y Mallku Khota debe alertar al Gobierno sobre la urgente necesidad de fomentar la inversión privada, porque en Oruro se corre el riesgo de perder 100 millones de dólares año por pago de regalías en el proyecto Achachucani, de Challapata, si no hay seguridad jurídica, dijo ayer el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO), Fernando Dehne Franco.

Afirmó que por ambiciones económicas de comunidades campesinas y pequeños grupos de mineros organizados en cooperativas en los últimos meses se perdieron dos contratos que tenía el Estado con las empresas Sinchi Wayra para la explotación conjunta con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) del yacimiento minero de Colquiri y con la South American Silver en la mina Mallku Khota, lo que demuestra que no hay respeto para la inversión privada.

Explicó que este hecho preocupa a los empresarios porque en Oruro las minas de la minería mediana están paralizando sus operaciones y la más importante que se tiene en fase de exploración del proyecto Achachucani, en Challapata, no puede iniciarse por oposición de algunos dirigentes de los regantes, que anteponen su interés personal frente al beneficio que supondrá recibir el pago de 100 millones de regalías por año para el departamento.

El proyecto Achachucani, ubicado en la provincia Eduardo Avaroa de Oruro, a ocho kilómetros al Norte de la ciudad intermedia de Challapata, prevé una inversión inicial de cinco a diez millones de dólares para la fase de exploración y hasta más de 200 millones de dólares en la fase de explotación, lo que beneficiará al departamento con el pago de regalías, impuestos y la generación de empleos, dijo el presidente de la FEPO, al pedir que se garantice la futura inversión de la empresa Castillian Resources Bolivia.

Dehne justificó la necesidad de inversión extranjera para desarrollar la minería en el país, porque el Gobierno no tiene una política minera adecuada y sus inversiones son mínimas, para alcanzar una explotación óptima en el sistema "open pit" (cielo abierto) que demanda moderna tecnología, gran capacidad técnica y recursos económicos para ser proyectos exitosos, lejos del secuestro de técnicos de las empresas como ocurrió en Mallku Khota y la toma de Colquiri que también obligó al Gobierno a "nacionalizar" una mina estatal.

La toma de la mina Colquiri realizada por cooperativistas mineros y el secuestro de los técnicos de la South American Silver muestra un panorama desalentador para atraer inversiones y ojalá esto no avance con los problemas y dificultades que podría darse si las comunidades deciden explotar por cuenta y riesgo los yacimientos y despojan a los mineros chicos y la minería mediana de sus pertenencias, eso con aval del Poder Ejecutivo, advirtió el empresario.

Pidió a las autoridades nacionales una acción concreta para frenar avasallamientos y ocupaciones de minas que perjudican a la minería nacional y demandó del ministro de Minería, Mario Virreira, asumir con responsabilidad una acción que garantice el desarrollo productivo de la minería boliviana, lejos de aceptar la toma o intervención de las propias minas estatales, en yacimientos que pertenecen a la gubernamental Comibol.

Aseguró el presidente de la FEPO que la falta de inversión estatal no puede privar a los bolivianos de la extrajera, porque esa es una muestra de la inseguridad jurídica "porque en los últimos años un grupo de personas se reúnen y pretenden obligar a que se les asigne yacimientos y áreas de explotación, sin respetar disposiciones legales, desconociendo los contratos vigentes y lo que es más, atentando contra el derecho al trabajo y poniendo en riesgo la inversión de las empresas".

Manifestó que los empresarios orureños están preocupados por este tipo de acciones de fuerza que no condicen con el ordenamiento jurídico legal del país y lo que es más atentan contra la sana convivencia pacífica, puesto que ponen en riesgo las tareas productivas creando un clima de incertidumbre y zozobra por actitudes que asumen los grupos que realizan la ocupación de las minas.

Recordó que los empresarios denunciaron desde hace tiempo este hecho como ilegal y arbitrario que incluso violan derechos que el Estado otorga en la Constitución Política, y lamentó que no exista autoridad que logre impedir los abusos que cometen en perjuicio de empresas legalmente establecidas en el país y ahuyentando la inversión privada.

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