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Lunes, 28 de diciembre de 2009
La Paz, 27 (ANF).- , Bolivia - Nacional
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Oficialismo asegura que no existe persecución política contra opositores


Ministra Suxo, descarta persecución a opositores, pero asegura que las denuncias contra aquellos que fueron autoridades son por mal uso del poder y mal cumplimiento de funciones.
La Ministra de Transparencia y Lucha Contra Corrupción, Nardy Suxo, aseguró este domingo que no existe una persecución política contra prefectos por lo que nadie cuarta sus derechos políticos ya que los juicios que se presentan son por delitos Penales y no por delitos políticos.

"Debemos aclarar que no hay ningún tipo de persecución política o algo que se asemeje a ellos, lo que existe es una persecución de delitos penales y eso corresponde al órganos judicial y no ejecutivo", dijo la ministra Suxo.

La ministra recalcó que el hecho de que existan miembros de partidos opositores que estén siendo denunciados por hecho de corrupción significa que ellos tuvieron y detentaron el poder e hicieron un mal uso del poder y mal cumplimiento de funciones como servidores públicos y que se sirvieron del cargo para cometer actos que están tipificados en el Código Penal y para obtener beneficios personales.

Suxo aseguró que no solamente se inician procesos contra detractores del gobierno sino también en contra de sus propias autoridades del Poder Ejecutivo actual y servidores públicos como el ex ministro de desarrollo rural, Hugo Salvatierra, quien fue destituido y denunciado por un negociado de tractores y otras autoridades que fueron acusadas de corrupción junto a alcaldes que ya fueron sentenciados y que pertenecían al Movimiento Al Socialismo.

Sobre las acusaciones que pesan sobre los prefectos de la denominada media luna, que es el bastión que hacía frente al partido de Gobierno (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca) que enfrentan cargos por el uso irracional de dinero para un referéndum autonómico que para el gobierno fue inconstitucional y que al final se tomó en cuenta, aún se evalúan y recolectan la información para denunciar a todos.

Por el momento el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, es uno de los acusados formalmente ante la fiscalía general de la república y que enfrentará procesos por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, auspiciado por el Ministerio de Transparencia, esta vez por una supuesta malversación de Bs. 10 millones durante el referéndum autonómico realizado el 4 de mayo de 2008.

En el caso de Costas la denuncia se hizo anónima y se la procesó para acumular información que se sumó a la denuncia de la contraloría en la que no se incluye al prefecto Costas y donde se halló documentación que avala la denuncia contra el prefecto.

Sobre la denuncia de uso indebido de dinero de la prefectura, Suxo aseguró que el prefecto Costas aun no se presentó a declarar para aclarar el uso del dinero y sobre los otros prefectos se podría efectuar una denuncia la próxima semana.

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