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Lunes, 25 de abril de 2011
LA PATRIA, Bolivia - Nacional
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Autonomía y Seguridad Ciudadana

Lucha contra el crimen debe estar enmarcada en la institucionalidad


El asambleísta Eduardo Campos manifiesta que luchar contra el crimen es tarea de todos y se lo debe hacer fortaleciendo la democracia
La lucha contra el crimen, es una tarea de todos, debemos ser capaces de resolver la actual situación de inseguridad en la que vivimos, en el marco de la institucionalidad y el fortalecimiento de la democracia, puntualizó el asambleísta departamental por Unidad Nacional (UN), Eduardo Campos Velasco.

En los últimos tiempos, una de las preocupaciones más sentidas de la sociedad boliviana es sin duda el tema de la seguridad ciudadana, así lo corroboran los análisis y estadísticas referidas al tema. A lo largo y ancho del país y sobre todo en los principales centros urbanos, la gente denuncia, critica, protesta y demanda la falta de seguridad de la que son víctimas cotidianamente, principalmente los grupos vulnerables, como los niños, ancianos y mujeres; pero no sólo ellos, sino cualquier ciudadano, afectando actividades de todo orden en particular aquellas que se realizan en las calles, como el comercio, el transporte y otros.

"En términos generales, diríamos que la inseguridad ciudadana que se advierten a flor de piel, tienen una correspondencia con la baja institucionalidad y la crisis en la que se encuentra la institución policial. De esa manera, los bajos niveles de credibilidad y confianza de la ciudadanía respeto de la Policía Nacional, antes que contribuir al fortalecimiento de la institución, lo que están provocando es un descredito mayor, produciéndose un círculo vicioso que perjudica a todos", analizó.

MARCO JURÍDICO

La Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 299, parágrafo II, numeral 13, dispone que la seguridad ciudadana, es una competencia que se ejerce de forma concurrente por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas.

Por otra parte, el inciso c) del parágrafo I, del artículo 297 de la CPE, establece que: son competencias concurrentes aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentarias y ejecutivas. Por su parte, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, establece en su artículo 65 que: para el ejercicio de las facultades reglamentarias y ejecutivas respecto de las competencias concurrentes que corresponden a las entidades territoriales de manera simultánea con el nivel central del Estado, la ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, distribuirá las responsabilidades que corresponderán a cada nivel, en función de su naturaleza, características y escala de intervención.

"dos temas centrales en mi criterio deben merecer la mayor atención. Por una parte, es indispensable, la jerarquización de la Policía Nacional, entidad llamada por ley a garantizar la seguridad interna; lo que implica un fortalecimiento institucional y financiero de la entidad, con un comando unificado en la emisión de normas, elevando la formación profesional de los recursos humanos y garantizando que desarrollen sus actividades sin interferencia ni manipulación de autoridades políticas y menos como instrumento de represión", explicó Campos.

"Asimismo, descentralizar algunas unidades técnicas especializadas a los niveles territoriales autónomos, ámbitos en los que con mayor efectividad se pueden resolver los problemas que se enfrentan en la lucha contra el crimen. En la medida que no se garanticen mejores condiciones para el ejercicio profesional de los recursos humanos de la Policía, será muy difícil alcanzar metas en el ámbito de la seguridad ciudadanía", manifestó.

DEBATE NACIONAL

Por otra parte, indicó que la discusión en el seno de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre seguridad ciudadana, respecto a la definición de la competencia concurrente, entre el nivel central y las entidades territoriales autonomías (municipios y gobiernos departamentales, principalmente), no puede sustraer un hecho fundamental que es por demás evidente.

"Los sucesos, las prácticas, los riesgos, los problemas, la inseguridad ciudadana se están produciendo en escenarios concretos y qué duda cabe, que estos son las principales ciudades y localidades del país; por lo tanto, a tiempo de definir la distribución de las responsabilidades que corresponderán a cada nivel de Gobierno, no deben ignorarse que en la medida que el involucramiento de los actores regionales y locales sea mayor, superiores también pueden ser los resultados en la lucha contra el crimen y el mejoramiento de las libertades y garantías ciudadanas", finalizó el asambleísta Campos.

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