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Lunes, 23 de enero de 2012
LA PATRIA, Bolivia - Nacional
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Presidente de los empresarios privados de Oruro

Inversión privada para minería será posible cuando haya seguridad jurídica

•  Debe existir una política nacional que incentive el desarrollo productivo diversificado


Luis Ramiro García, ejecutivo de la FEPO
La carencia de planificación para desarrollar proyectos productivos mineros que permitan la diversificación y la ausencia de seguridad jurídica son factores que perjudican el crecimiento de la minería en Oruro, pese a existir propuestas para invertir mil millones de dólares en el departamento según los empresarios privados.

La preocupación fue expresada por el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO), Luis Ramiro García, destacando que Potosí, departamento con tradición minera igual que Oruro, impulsa grandes proyectos por decisión de sus autoridades y así genera las regalías que contrariamente van siendo cada vez menos en nuestro departamento.

Para invertir los empresarios requerimos que haya seguridad jurídica y no depender de la decisión de algún dirigente que aprovecha su condición para "frenar las inversiones" porque resulta más cómodo oponerse que pensar en el desarrollo regional, dijo García, al recordar que hace más de una década Potosí tenía una problemática similar, nadie quería que se explote Uyuni, actitud que fue superada con el proyecto minero de San Cristóbal.

Si queremos ser una región productiva, debemos ejecutar proyectos que signifiquen tener fuentes de empleo dignas, generar riqueza con el pago de impuestos y además permitir que los inversionistas vengan a realizar tareas de exploración y explotación con empresas legalmente constituidas en el país y asuman compromisos serios para no dañar el medio ambiente, impulsar la diversificación y crecimiento de las comunidades, indicó.

El líder de la FEPO refirió que hasta ahora no hay una adecuada política minera en el país puesto que la Gobernación por ejemplo prevé invertir nueve millones de bolivianos el 2012, cuando realizar una prospección para identificar cinco kilómetros cuadrados, cuesta casi tres millones de bolivianos, lo que limita a realizar tres prospecciones por año, siendo además reprochable que de 11 millones de bolivianos asignados el 2011, sólo se ejecutó un 58 por ciento del presupuesto, eso es mala política de gestión pública, afirmó García.

Manifestó que si Oruro y Bolivia quieren tener más recursos económicos provenientes de la minería, los gobiernos departamental y nacional tienen que realizar millonarias inversiones como nuestros países vecinos, donde las asignaciones a exploración y proyectos mineros superan cada año la cifra de 10 mil millones de dólares, lo que representa una tasa de retorno elevada, a lo que se suma la inversión privada que llega hasta triplicar y cuadruplicar esas inversiones.

Volviendo al informe de la Secretaria Departamental de Minería, que muestra extrañeza por falta de inversión privada en Oruro y que la recaudación por las regalías mineras cubre la cuarta parte de lo que obtuvo la gestión 2011 Potosí, el presidente de los empresarios aseguró que eso se debe a la falta de seguridad jurídica y licenciamiento social, porque a título de comunidades algunos dirigentes se oponen al ingreso de empresas internacionales que podrían realizar grandes inversiones citando que existen varias que están pendiente en nuestro departamento.

Recordó que de igual forma la minería chica, genera fuentes de empleo y divisas, garantizando la provisión de concentrados para la fundidora nacional, pese a confrontar los propietarios de las empresas serios contratiempos por las imposiciones y perjuicios que ocasionan algunos dirigentes pretendiendo lograr beneficios personales, lejos de proyectos y programar el crecimiento y desarrollo de sus comunidades.

La minería es y seguirá siendo generadora de divisas, porque incluso en épocas difíciles por la caída del precio internacional de los metales siguió aportando con el pago de impuestos, contrariamente a la política de las autoridades que prefieren dar curso a las determinaciones de los "movimientos sociales" y no a las necesidades de nuestras regiones mineras, concluyó García.

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