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Miércoles, 18 de mayo de 2011
La Paz, 17, LA PATRIA.-, Bolivia - Nacional
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Para preservar el derecho constitucional a la libre expresión

Gobierno y Legislativo pasan al Órgano Electoral arreglo de artículos "mordaza"

El Gobierno y el Legislativo controlados por el Movimiento Al Socialismo (MAS), anunciaron ayer que será el Tribunal Supremo Electoral, (TSE), el cuarto poder del Estado, que tiene la posibilidad de "consensuar" con los propietarios de medios de comunicación un reglamento que preserve los derechos constitucionales a la información y libre expresión sin censura, pese a las restricciones de la Ley del Régimen Electoral.

Los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, René Martínez y Héctor Arce, coincidieron en reiterar que será el Tribunal Electoral el encargado de moderar las prohibiciones contra el derecho a la información que contempla el artículo 82 de la mencionada norma electoral.

Arce dijo que ahora es atribución del presidente del Tribunal Electoral, Wilfredo Ovando, aprobar un reglamento que garantice la preservación de los derechos constitucionales a la información.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Comunicación, Iván Canelas repitió que el TSE debe buscar la reglamentación en consenso con los medios de comunicación de manera "que establezca que no se puede en absoluto limitar, sancionar ni penalizar la información".

"No se le puede limitar al periodista a que informe, pero el periodista en su ámbito ético tiene que tener mucho cuidado para que esa información no lleve por sí misma una propaganda porque eso afectaría y contaminaría la elección de magistrados", reflexionó Canelas.

El Ministro Canelas confirmó en reiteradas ocasiones que la Ley de Imprenta de 1925 "está vigente". El artículo 1 de esa norma dice textualmente que "todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin censura previa, salvo las restricciones establecidas por la presente ley".

INFORMACIÓN Y PROPAGANDA

El parágrafo III del artículo 15 del Reglamento Interno de Preselección de candidatos a jueces en el Legislativo determina que "se garantiza la amplia difusión del proceso de evaluación y entrevista por parte de los medios de comunicación privados, incluyendo la transmisión por el canal estatal"; es decir que la prensa no podrá entrevistar a los precandidatos.

El ministro Canelas dijo que el Gobierno es partidario de que se emita información sobre los perfiles de los postulantes para que la población asista a las urnas a ejercer su derecho democrático con conocimiento, según información oficial.

"Ésta es una elección inédita y diferente, por ello debe haber una enorme responsabilidad de los medios y de los periodistas para evitar la propaganda", sentenció.

Canelas pidió a los medios de comunicación "no mezclar la información con la propaganda de los candidatos a máximas autoridades judiciales, que serán elegidos por voto directo".

"En reiteradas oportunidades se ha afirmado que es muy importante establecer una diferencia en lo que es información y propaganda de los candidatos", agregó.

"La información en las elecciones judiciales está garantizada en la propia Constitución Política del Estado", dijo Canelas. El artículo 106 de la norma suprema establece que "el Estado garantiza el derecho a la información y el derecho a la comunicación" y que "garantiza el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa".

ESPERA

Ayer el vocal del TSE, Marco Ayala dijo que esa institución será "respetuosa de los derechos constitucionales".

"El motivo por el que se está realizando este evento (reunión con los medios de comunicación) es justamente recabar criterios, recabar insumos que permitan generar una norma que realmente pueda satisfacer la necesidad social que en este momento se está planteando", dijo.

Ayala señaló que el "el tema normativo en materia electoral ha generado una especie de camisa de fuerza" y anunció que los "esfuerzos" del TSE servirán "para poder permitir una interpretación amplia que permita garantizar acciones en el ejercicio del derecho a la información y derecho a la libertad de expresión".

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