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Sábado, 20 de octube de 2012, Bolivia - Nacional
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Entre la profundizacion y el retroceso de la autonomía municipal Un análisis del D.M. 001/2012

•  Por: Iver Pereira Vásquez

En 8 de octubre de 2012, la Alcaldesa Municipal de Oruro y su Gabinete, -dentro de los cuales se encuentran 4 abogados de 12 miembros-, promulgaron y luego publicaron en la Gaceta Municipal, el Decreto Municipal (DM) 001/2012, de aplicación obligatoria en todo la jurisdicción edil, denominada de "Ordenamiento Jurídico y Administrativo del Organo Ejecutivo Municipal de Oruro", fue alagada por sus "mentores", aunque el D.M. no es inédito en el territorio nacional, es una mala copia de la Ley 007/20011 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, pero se aplicará al interior del Municipio de Oruro, con consecuencias jurídicas impredecibles y en prospectiva anulatoria de las facultades fiscalizadoras del Concejo Municipal, por ejemplo respecto de la aprobación o rechazo de contratos o convenios.

Tiene una gran virtud que nos permite frontalmente debatir sobre la profundización o retroceso del proceso autonómico que vive nuestro país.

Las leyes reflejan construcciones y de correlación de fuerzas en un momento histórico determinado. La ley es en esencia un proceso ideológico y de consecuencias distributivas y que detrás de toda ley existe, en última instancia una decisión política, por lo que el DM tiene en el fondo un mensaje ideológico, como es el auto otorgarse poderes asimismo a partir del reconocimiento jurídico de una Jerarquía normativa institucional que es contraria a la Constitución Política del Estado y que no emerge de la ley.Cualquier D.M. por su naturaleza jurídica, es reglamentario. Sin embargo éste no reglamenta nada, crea una norma jurídica que modifica la relación en perjuicio del equilibrio (de poderes) entre órganos, (legislativo y ejecutivo), usurpa funciones del Concejo Municipal –por cierto inoperante- que según la C.P.E. y Ley Marco de Autonomías y Descentralización, tiene facultades legislativas y el Ejecutivo Municipal facultades administrativas.

Reconoce una jerarquía normativa, que no se halla compatible con la C.P.E., ley Marco de Autonomías y Descentralización y la Ley de Municipalidades, en ellas se reconoce como norma superior las emitidas por el Órgano Legislativo, como es la Ley Municipal, seguido de la Ordenanza Municipal, luego la Resolución Municipal, luego el Decreto Municipal y otras inferiores, sin embargo en el caso del GAMO, la jerarquía normativa se halla establecido de la siguiente manera: Carta Orgánica Municipal, Ley Municipal e inmediatamente el Decreto Municipal, es decir que a partir de este momento cualquier contrato que sea emitido aprobando o rechazando por el Concejo Municipal, en obediencia al D.M. deberá ser mediante Ley?, desnaturalizándose el carácter administrativo de la Resolución Municipal, de rechazarse por Resolución Municipal, perfectamente en su facultad "autonómica" la Máxima Autoridad Ejecutiva podrá usar del Decreto Municipal para aprobar sus propios actos, vaya manera de ser transparente.

El D.M. desconoce todo el procedimiento administrativo del Concejo Municipal relativo a las facultades fiscalizadoras, con grave indicios autoritarios, de ahí que este órgano simple y llanamente no tiene razón de ser, su desaparición por el D.M. es un hecho, sí sólo aplicáramos el D.M. desconociendo la jerarquía normativa, en el marco de nuestras autonomías estos deberían de cerrar democráticamente sus tiendas.

Un decreto con grandes contradicciones, regula desde el ejecutivo al Concejo Municipal, cuando la historia del municipalismo es que el Concejo es el Órgano de creación de la legislación (crear leyes) por naturaleza, el Art. 13 es contrario del Art. 14, en algunos casos refiere que se trata de una ley, sin embargo es Decreto, contradicción entre Organización de la –jerarquía- Jurídica con la nomenclatura, se auto faculta a presentar proyectos de Decreto Supremo ¿…? Usurpa funciones propias del Órgano Ejecutivo central.

No seré cómplice del carácter autoritario de nuestras autoridades expresadas en normas jurídicas contradictorias e inconstitucionales, en el que, en el futuro perjudicarán a la ciudadanía, si aún existe Concejo Municipal.

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