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Jueves, 6 de diciembre de 2012, Bolivia - Nacional
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LO QUE NO DEBEMOS CALLAR

El problema de la corrupcion en la justicia

•  Por: Santiago Berríos Caballero

¿El denominado NUEVO PODER JUDICIAL, bautizado así por el Presidente Morales, habrá sido la solución de lo que tanto abominaba el primer ciudadano del país? Consideramos que la respuesta obviamente es negativa, porque la sustitución del anterior sistema no puede de manera alguna tenerse como lo mejor que podría ser, resultado del proceso de cambio, teniendo en cuenta que todo cambio debe propender a mejorar cualquier sistema, y sin embargo son los propios miembros del partido oficialista quienes reconocen que no hay confianza en la justicia. Eso lo manifestó el propio ministro de Gobierno hace un tiempo atrás, criterios aquellos que con el último caso del súbdito judio-americano Jacob Ostreicher determinan la admisión de la verdad.

Es una pena que funcionarios de segundo o tercer nivel, sean los sepultureros de un objetivo que pretendieron las viejas generaciones de juristas, habida cuenta que la JUSTICIA se constituye en la imagen de un Estado. Pues, si la JUSTICIA no es tal, obviamente que la imagen del país se deteriora.

Se conoce que esos funcionarios fueron incorporados en la gestión del señor Alfredo Rada, continuaron posteriormente con Sacha Llorenti, Wilfredo Chávez y el actual Ministro de Gobierno, de manera que todos ellos están obligados a coadyuvar, no simplemente a las investigaciones, sino también a reconocer el porque de la permanencia en el Ministerio de Gobierno. ¿Será la eficiencia demostrada por esos funcionarios. Pero eficiencia en qué ?

Lo curioso es que es el propio ministro de la Presidencia, quien reconoce la veracidad de las actividades de los extorsionadores, y no deja de presumir que esas mismas conductas "seguramente se han sucedido con otros individuos vinculados a actividades criminales", concluyendo en que: "la extorsión se ha convertido acá en una industria". (sic).

Pero no fue simplemente una extorsión. Fueron mas allá, si tenemos en cuenta que se constituye en una agrupación que linda en una organización criminal, que incurrió en los delitos de beneficios en razón del cargo, concusión y cohecho pasivo propio, de modo que la detención preventiva es legítima y legal.

En una de nuestras últimas notas, señalamos la necesidad de efectuar una revisión, a través de auditorias judiciales aquellos procesos que determinaron, en algunos casos, la negación de la libertad y en otros la puesta en libertad de muchos ciudadanos comprometidos con el narcotráfico, el contrabando y actos de corrupción en su condición de funcionarios públicos, que en nuestro criterio sería el mejor mecanismo para hacer creíble a la justicia, pero con la intervención de juristas no comprometidos con agrupación política alguna, amén de ser un ejemplo de orden académico en el campo del derecho, la moral y la ética, de modo que sea transparente su tarea.

Aquí no se trata de esperar simplemente el resultado de las investigaciones en relación a ese ciudadano judio-americano, tal como algún funcionario público del gobierno ha sugerido, en la pretensión de descubrir si algunos otros funcionarios de alto nivel estuvieran comprometidos con este affaire. Por tratarse de un problema de la justicia y de la imagen de Bolivia, será necesario aplicar el principio de la inmediatez, atentas las declaraciones tanto del señor Jacob Ostreicher como de su propio abogado el señor Montaño, amén de la desaparición misteriosa de las veinte mil toneladas de arroz, maquinarias y cabezas de ganado vacuno de propiedad del mencionado imputado - no acusado - que viene soportando no solamente una privación de su libertad sino también un deterioro en su salud que la observamos quebrantada.

Estamos seguros que solamente con la intervención de personalidades del mundo jurídico, se descubrirán a las verdaderas mafias, así como se establecerán las violaciones tanto a las normas sustantivas como adjetivas, a la propia Constitución Política del Estado, lo que demostrará que evidentemente en Bolivia aún persiste la influencia política, antes que la sujeción al Derecho en el marco del respeto a la Constitución, las leyes y los Derechos Humanos. Es que hay abogados y hay abogados. Eso es lo que debe tenerse en cuenta.

Se conoce que la organización académica ALIANZA PATRIOTICA DE ABOGADOS (APA), está considerando la posibilidad de conformar un equipo de juristas comprometidos solamente con la ciencia del Derecho y no con la política, con la intervención de algunos sectores sociales, para iniciar una campaña de análisis y auditorias de muchos procesos, tendente a demostrar al país la necesidad de respetar la INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL frente a lo atrabiliario del modus político.



(El ejercicio del poder corrompe y su sometimiento degrada)

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