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Domingo, 3 de julio de 2011
La Paz, 02, LA PATRIA, Bolivia - Nacional
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Con una ley, el Gobierno quiere definir la "información secreta"

El Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de "Ley de Transparencia y Acceso a la Información" que contradictoriamente a lo que expresa su nombre, establece "excepciones al acceso a la información".

Entre las excepciones, establecidas en el artículo 42, se determina textualmente que "se considerará información reservada: a) aquella cuya calidad de reservada se halle establecida mediante leyes o decretos supremos aprobados en materias distintas a seguridad del Estado" y "b) aquella información que se clasifique como reservada mediante el procedimiento de clasificación establecido en la presente ley, solamente cuando se trate de seguridad del Estado, interna o externa".

Esta disposición faculta al Gobierno a promulgar decretos supremos que definan qué se debe considerar como "información reservada", sin tomar en cuenta que la Constitución Política del Estado, en su artículo 106 establece que "el Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información (…) sin censura previa".

La propuesta legislativa del Gobierno determina además que "se considera información secreta aquella relativa a la seguridad interna o externa del Estado, cuya divulgación o difusión pueda poner en riesgo al Estado Plurinacional".

La información secreta "se clasificará mediante leyes que serán promovidas por las entidades que así lo requieran".

"Estas leyes contendrán un listado específico de la información que consideren que debe ser secreta", dice la norma.

PLAZOS

El proyecto de ley establece que "la información secreta, estará restringida por un plazo máximo de veinte años cuando se trata de información sobre seguridad externa; y de diez años cuando se trata de información sobre seguridad interna".

Es decir que cualquier información clasificada como secreta sólo será accesible después de 10 años de haberse promulgado el decreto de restricción si se trata de la "seguridad interna"; en caso de que la información sea clasificada como sensible para la seguridad externa se tendrán que esperar 20 años.

También se establece que la información reservada, estará restringida mientras "no exista una orden judicial emitida por un juez dentro de un proceso o no se emita una norma igual o superior a la que haya servido para restringirla, que deje sin efecto la restricción".

CONFIDENCIAL

Según el proyecto de ley gubernamental, se considera información confidencial aquella "referida a la salud, intimidad o privacidad de las personas, protegida por el secreto profesional, conforme a Ley" y aquella "cuya divulgación o difusión puede poner en peligro la vida, la integridad y la seguridad de las personas".

También es información confidencial la información "referida a niños, niñas y adolescentes, cuya divulgación o difusión ponga en riesgo su salud, honor, integridad y seguridad".

La información confidencial será accesible por orden judicial.

La información sobre seguridad del Estado, sea ésta interna o externa, podrá ser clasificada como reservada, en cumplimiento del artículo 237 de la Constitución, dice el proyecto legal.

Ese artículo de la norma suprema establece que "son obligaciones para el ejercicio de la función pública: 1. Inventariar y custodiar en oficinas públicas los documentos propios de la función pública, sin que puedan sustraerlos ni destruirlos" y que "la ley regulará el manejo de los archivos y las condiciones de destrucción de los documentos públicos".

También es obligación de los funcionarios públicos "guardar secreto respecto a las informaciones reservadas, que no podrán ser comunicadas incluso después de haber cesado en las funciones".

El responsable de la clasificación de la información es la Máxima Autoridad de la entidad, es decir un ministro del Gabinete Presidencial o el presidente del órgano de poder del Estado.

El artículo 45 de la norma propuesta dice que "no podrá invocarse el carácter de información clasificada cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad".

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