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Martes, 24 de mayo de 2011
LA PATRIA, Bolivia - Nacional
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Según diputado Franz Choque

Caso Uncía un ejemplo del control que ejerce el Gobierno sobre la justicia


Velorio de los policías orureños desaparecidos el pasado 2010 en Uncía (Foto archivo)
Al recordar un año de la desaparición de los policías de Diprove (Dirección de Prevención de Robo de Vehículos), el diputado de oposición Franz Choque Ulloa, sostiene que éste, es un ejemplo de cómo los jueces y el Ministerio Público difícilmente se enfrentarán al poder, una justicia que hoy está controlada y al servicio del partido gobernante, dijo.

"Éste es un caso que encierra un problema social, complicado por todas sus implicancias, esto lo puedo afirmar porque estoy en contacto permanente con las viudas de los policías desaparecidos y haciendo seguimiento al denominado caso Uncía", indicó el legislador.

Hace un año el 23 de mayo, los policías Sub oficial Nelson Antonio Alcocer Casano, cabo Rubén Cruz Aruquipa, cabo Esteban Alave y policía Miguel Ángel Ramos Pañuni, se constituyeron en su fuente de trabajo, para cumplir con su habitual servicio en las oficinas de Diprove (Dirección de Prevención de Robo de Vehículos), sin saber que jamás regresarían a sus familias, hoy sus viudas, huérfanos y familiares siguen llorando la forma cruel e inhumana en la que fueron asesinados, peregrinando ante los estrados judiciales con la finalidad de buscar justicia sin resultados.

"Duele decirlo, pero las familias que dependían de los policías asesinados han sido olvidadas por el Estado, su situación actualmente es crítica y este cuadro se complica cuando las viudas tienen que estar viajando desde Oruro a Potosí o La Paz para presenciar las audiencias pidiendo justicia", manifestó Choque.

Por motivos jurisdiccionales y competenciales, actualmente se sustancian tres procesos diferentes en este caso. El primero contra las autoridades originarias y comunarios de la región de Uncía en Potosí. El segundo contra el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, el ex Comandante Nacional de la Policía, Óscar Nina y las cadenas de mando de Oruro y Potosí.

Sin embargo, hasta la fecha los comunarios de los ayllus en el Norte de Potosí impiden las investigaciones y amenazan a toda autoridad que ingresa a la zona para investigar, remembranza como para devolver los cuerpos sin vida, hicieron firmar documentos ilegales a los familiares de las víctimas, para que no se constituyan en parte civil, dijo.

"Desde luego que la justicia no se impondrá, por que las viudas de estos policías asesinados en uncía se querellaron contra quienes hoy detentan el poder, dudamos que los jueces puedan meter a la cárcel al ministro de Gobierno Sacha Llorenti o al general Óscar Nina Fernández ex comandante de la Policía o al mismo mayor Limbert Oporto Mier, director de Diprove Oruro y ex constituyente del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Según la querella interpuesta por las viudas de los policías asesinados las otras autoridades policiales que fueron demandadas por incumplimiento de deberes, encubrimiento y homicidio culposo son: El My. Fernando Villarroel, comandante regional de Uncía; el Tcnl. José Marcelo Tejerina Ríos, comandante regional de Llallagua, Cnl. Orlando Ávila Alcocer, ex comandante del departamento de Potosí y Cnl. Mario Espinoza Peñaloza, ex comandante departamental de Oruro.

Otra de las injusticias que enfrentan las viudas de los policías, son las rentas que perciben, una de ellas recibe Bs. 200 por mes, cuando su esposo fue asesinado tenía tres meses de gestación y hasta la fecha ni siquiera le asignan la lactancia.

tags: La Patria, Noticias de Bolivia, Periodico, Diario, Newspaper, Caso Uncía un ejemplo del control que ejerce el Gobierno sobre la justicia

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